Los primeros caídos por la balas, disparadas de manera premeditada o sin ninguna intención de dañar a alguien (cosa que es muy poco probable) se empezaba a saber por los medios de comunicación.
La cosa no era para menos. Los habitantes de la ciudad de El Alto se movilizaban en rechazo de la venta del gas a Chile, considerado eterno rival de Bolivia y con quien no se habían limado asperezas por la centenaria pérdida del departamento del Litoral, y junto a él, el mar boliviano.
Los ánimos estaban exaltados y, tras una lucha sangrienta que duró una semana en los “campos de batalla” de la Plaza San Francisco y la ciudad de El Alto, se logró que el viernes 17 de octubre de 2003, el presidente de entonces Gonzalo Sánchez de Lozada, huyera del país en un helicóptero con destino a Estado Unidos, de un aeropuerto improvisado en la ciudad de Santa Cruz, después de que sus aliados en su coalición de gobierno, su vicepresidente Carlos Mesa y varios aliados a su gobierno, lo dejaran en medio de toda la confusión.
Los recuerdos aún están frescos y se anidaron en nuestras memorias, en las memorias de los sobrevivientes de aquella masacre alteña y en los familiares que después de seis años de larga espera para la llegada de la señora justicia, no logran que Gony vuelva posar su delicados pies en rudo suelo boliviano y vérselas cara a cara con los familiares de los 67 muertos — tal vez más tal vez menos— y el más de un centenar de heridos que resultaron de aquella batalla, que todos los que tuvimos la oportunidad de estará presentes, no la olvidaremos.
Y a todo esto, queda la necesaria pregunta ¿sirvieron de algo las muertes?, ¿la situación de los alteños cambió a partir de esta “guerra del gas"? ,¿la situación de los familiares que ofrendaron su vida, con o sin intención de hacerlo, ha cambiado?, ¿Habrá justicia para aquellos 67 muertos durante las contiendas y los más que se sumaron después a esta lista de fallecidos?.
La pregunta sigue flotando en el aire después de más de un lustro en que ni Derechos Humanos ni la tan mentada justicia boliviana han logrado extraditar al autor intelectual de tal masacre ni ha logrado identificar a los autores materiales y condenarlos. No puede ser que los afectados sometan estos actos a la justicia de la muerte que al parecer fue la única que se cobró con creces los actos y desapariciones del dictador Hugo Banzer Suárez que murió pero que un animal, y al parecer ahora, de Luís Arce Gómez.
Los familiares confían en la justicia divina, pero también se les debe devolver la fe en la justicia terrenal, pero que ésta no se haga esperar tanto pues…!!!
